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La Fiscalía General anunció que tomará medidas legales contra la jueza que permitió que ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad

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Luego de que el pasado sábado, la jueza federal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenara revocar la prisión preventiva a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, permitiéndoles que “sigan su juicio en libertad con el pago de una fianza, la prohibición de salir del país y su presentación quincenal ante los juzgados”, uno de los padres de los estudiantes desaparecidos aseguró que esta decisión era la comprobación de que este caso estaba cayendo por la participación de la Sedena.

“Con esta medida sólo quedarán en prisión cinco militares, entre ellos un general, que son los únicos cuya presunta responsabilidad habría reconocido el Ejército. Tres de ellos también están acusados de delincuencia organizada. Presuntamente colaboraban con un cártel local que traficaba droga hacia Estados Unidos.”

Ante esta decisión, no se hicieron esperar las críticas ante el sistema, “el diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano, también sobreviviente del Caso Ayotzinapa, declaró que «no puede una institución entorpecer al Ejecutivo»”, Militares defendiendo a militares, declaró que “Lo grave es, por un lado, el Poder Judicial. Lo más grave es que la propia Sedena, abogados de la propia Sedena defiendan a estos militares, con nuestros impuestos, con tus impuestos”.

Esta decisión también ha sido condenada por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, cuyo subsecretario, Arturo Medina Padilla, publicó que “Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos”.

Por su parte, la Fiscalía General de la República ya declaró que impugnará esta decisión de la jueza Duarte, así como que tomaría acciones legales contra los magistrados del Tribunal Colegiado correspondiente.

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Fiscalía General está investigando a Ana Guevara por presuntos malos manejos y desvío de recursos de la Conade que superan los 280 mil millones de peso.

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La Fiscalía General de la República anunció que había abierto dos carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara, actual presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por pagos de eventos y entrenadores fantasmas, por montos que rebasan los 200 millones de pesos.

Para esto, cuentan con denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, se ha detallado que dicho monto fue destinado a pagos para entrenadores que no están en la lista de la Conade.

El órgano de auditoría identificó “irregularidades en el pago de 70 millones de pesos para el salario 500 entrenadores, donde las personas no están dadas de altas en ninguna base y no hay documento que compruebe que justifique que realmente contrataron a entrenadores.”

Sumado a esto, la ASF ya había realizado una investigación el pasado 28 de agosto del 2023, dónde se le acusaba a la comisión del deporte de irregularidades “por un monto de 150 millones de pesos del erario de la dependencia que encabeza.”

Actualmente la funcionaria es investigada por Desvío de recursos y malos manejos de la administración pública, hasta el momento, la fiscalía declaró que no se ha solicitado una orden de aprehensión en contra de Ana Gabriela Guevara Espinoza.

“Ana Gabriela Guevara fue nombrada titular de la Conade en el 2018, donde la plataforma Nacional de Transparencia informó que percibe un sueldo de 105 mil 228.35 pesos, lo que equivale a 500 salarios mínimos.” Desde que ocupa este cargo, ha recibido señalamientos de corrupción y de no estar realmente apoyando al talento deportivo del país.

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Tras dos años preso por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya abandonó el Reclusorio Norte.

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NAC_Tras dos años preso por el caso Odebrecht, Emilio Lozoya abandonó el Reclusorio Norte y la fiscalía acusó al juez que lo liberó de ser parcial e ilegal

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, ha abandonado el reclusorio Norte, luego de permanecer recluido por dos años y tres meses por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, según fuentes penitenciarias fue cerca de las 19:39 horas, que “el exfuncionario abandonó el Centro de Reclusión para continuar el proceso que sigue vigente en su contra por Odebrecht en el que está acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa”, el cambio de medida cautelar se dio después de que el juez Genaro Gerardo Alarcón López, en acatamiento a una sentencia de amparo, ordenara “restituirle las medidas que tenía en el año 2020 cuando la Fiscalía General de la República aceptó que el ex funcionario permanezca en libertad procesal.” Dicho proceso implica que Lozoya “tiene tres días para informar al juez si ya cuenta con el brazalete electrónico que debe portar, con lo que podrá transitar libremente en la Zona Metropolitana y con la prohibición de salir del país, para lo cual entregó su pasaporte.”

Por su parte, la Fiscalía General de la República afirmó que “resoluciones que favorecen al exdirector de Pemex han sido dictadas en forma parcial e ilegal”, pues “Emilio Lozoya Austin no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido; y solo ha obtenido de Jueces y Magistrados de la Federación, privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”, acusaron que “jueces y magistrados han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional”.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente López Obrador volvió a señalar impunidad que impera en el Poder Judicial, e insistió en que es importante reformarlo.

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Un niño y dos mujeres murieron en un ataque armado contra migrantes en el desierto de Sonora; hay varios heridos.

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Un grupo de hasta 50 migrantes fue víctima de un ataque armado en el camino entre los municipios de Altar y Sáric, Sonora, a 50 kilómetros de la frontera estadounidense, dejando un trágico saldo de al menos tres personas muertas, un niño ecuatoriano de cuatro años y dos mujeres, una de nacionalidad peruana y otra hondureña, esta información fue confirmada por Gustavo Salas Chávez, fiscal general de Justicia de Sonora, también detalló que “Según las investigaciones preliminares, el ataque se produjo contra tres vehículos, cada uno con entre 11 y 14 migrantes, que se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos.”

Hasta el momento, “Ejército mexicano ha detenido a ocho personas con armas de grueso calibre, que están siendo investigadas por su probable participación en el ataque a los migrantes”, y ha trascendido que “hay otras víctimas heridas que también están detenidas, ya que aparentemente eran las personas que estaban trasladando a los migrantes hacia la frontera y están siendo investigadas por el delito de tráfico de personas.”

Por su parte, al ONG 1800 Migrante, informó que “Debido a la intensidad del ataque contra las camionetas que transportaban a los migrantes, varios vehículos explotaron y quedaron completamente calcinados; aunque algunas personas lograron escapar, muchas resultaron heridas por disparos o quemaduras.”

También publicaron en redes sociales que el ataque lo realizaron “sujetos armados vestidos con uniformes militares de color azul”.

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