El presidente de la republica sabe que se debe atender a las comunidades en donde se lleva a cabo la extracción de minerales, porque de donde se obtienen causan daños y no dejan beneficios en las comunidades mineras, estas declaraciones dieron por fin el golpe que tanto anhelaban los capitalinos.
En pasados días, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa ante el pleno del Senado a fin de hechar para atrás las concesiones y asignaciones mineras a los empresarios que no consulten a los pueblos y comunidades sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.
Además de retirar permisos de labores a todas aquellas empresas que causen un impacto social, o no cumplir medidas que disminuyan el impacto por daños al medio ambiente.
El 22 de Noviembre del presente año la senadora de MORENA, Angélica García Arrieta, expuso que distintas organizaciones sociales han documentado más de 15 mil conflictos sociales relacionados con la mineria, por lo que es un tema que se debe de atender de inmedito pues las empresas que extrean riquzas, causan daños irreparables y no dejan beneficios para la población.
La esperanza por la lucha que se ha llevado durante años cada vez toma más fuerza y se convierte en una realidad, el los primeros días de diciembre Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México, reconoció que en el sector existe preocupación y consternaciòn por la iniciativa presentada, y de las consecuencias que podría tener la aprobación de una propuesta de esta naturaleza.
Fernando Alanís, Indicó que la reforma plantea una serie de opciones adicionales con las que podrían perderse concesiones. Refirió que para los empresarios se necesita tener certeza politica pero bajo estos nuevos lineamientos habrá muchos que mejor opten por retirarse de la inversión.
A 6 dìas de la toma de protesta de AMLO, los capitalinos y todo el estado de Guanajuato, saben que habrá un cambio favorable, pues incluso Ernesto Prieto Gallardo, afirmó ante Tv Libertad, todo esta listo para proceder legalmente y que el peso estatal y federal caiga en contra de las empresas mineras canadienses.
