La actriz Kate del Castillo anunció que demandará al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto por 60 millones de dólares por el daño moral y material por la persecución política de la que fue objeto tras su reunión con Joaquín Guzmán Loera.

En conferencia de prensa a su llegada a México, la protagonista de La Reina del Sur señaló que fueron unos años muy difíciles.

Del Castillo destacó que desde su reunión con el narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín Guzmán Loera, fue objeto de una persecución por parte de la Procuraduría General de la República, así como investigada injustamente.

En octubre de 2015 me entreviste con Guzmán Loera para realizar un documental o película, meses después, en enero, se hizo pública la entrevista y coincidió con la captura de El Chapo, señaló que a decir del fiscal de Estados Unidos, Shawn Pen ayudó a la recaptura, lo que aseguró no saber y calificó como una traición.

Denunció que desde ese momento se desató una persecución penal injustificada y legal por parte del Estado Mexicano, lo que detalló en cuatro puntos, el primero fue la filtración que la PGR realizó a los medios de comunicación, lo que calificó de ilegal y el detonante de un juicio político al presentarla a la sociedad como delincuente.

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En segundo lugar destacó que le vulneraron su derecho de defensa al citarla a declarar como testigo, cuando había de fondo una investigación, lo que le impidió presentar pruebas en su favor.

Hasta este momento, destacó, ni ella ni sus abogados han tenido acceso a la investigación, debido a que en calidad de testigo, no tiene derecho a ello, pese a haber sido investigada en su persona, bienes, derechos y pertenencias; acusó a la PGR de simular su calidad de testigo.

En cuarto lugar destacó que la investigación permaneció abierta de manera injusta, lo que dañó sus derechos humanos ya que se violentó su presunción de inocencia y su libertad de expresión.

Derivado de esto, Kate del Castillo aseguró, en compañía de sus abogados que presentará una denuncia por el daño moral por un estimado, de acuerdo a periciales, de 60 millones de dólares, además de la queja interpuesta en organismos internacionales por la misma situación.

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