En julio del año pasado, a petición de diputados de oposición, el Congreso local ordenó a la ASEG llevar a cabo una auditoría al desempeño del Programa Escudo, para medir el impacto de las cámaras, los botones de pánico, los arcos carreteros, el centro de mando y coordinación en los índices delictivos del año 2016.
Pero esta investigación está sesgada desde el inicio, de acuerdo con la explicación del Auditor Superior del estado Javier Pérez, solo se revisarán incidencias de delitos del fuero común; dejando fuera del análisis delitos como la portación de armas sin licencia, el narcotráfico y el contrabando, de los cuales han aumentado en los últimos años, en la administración de Miguel Márquez.
El titular de la ASEG informó que un grupo interdisciplinario de expertos realiza la comparación cualitativa del trabajo y el combate que se ha logrado con el Programa Escudo en delitos como homicidios, robo a negocio, de vehículos o camiones, pero dejará de lado las armas, el mercado de éstas y el narcotráfico, los delitos que se relacionen con el crimen organizado y el huachicol, los cuales han causado el aumento de la violencia de alto impacto que padecen los guanajuatenses diariamente.
Aunque cifras como el 41 por ciento de aumento del robo de vehículos en el 2017 en relación con el año 2016 podrían cuestionar el funcionamiento de Escudo, se analiza también el aumento que se da “naturalmente” es decir, por el aumento del parque vehicular y el crecimiento poblacional, entre otras cuestiones, sin embargo se continuará el discurso del Ejecutivo estatal, que separa los delitos del fuero común de los federales, para así deslindarse de la prevención, investigación y detención de los criminales.

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