El mayoriteo que aplica el PAN en el Congreso local, lo aplica el PRI en la Cámara de Diputados y así, llevaron el dictamen de la Ley de Seguridad Interior directito a votación en el pleno, saltándose los trámites legislativos. El método fast track que advirtieron asociaciones civiles este lunes se hizo una realidad, y la ley que se ha acusado como militarizadora se aprobó con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.
Esta ley contempla entre otras cosas dar facultades de policías a las Fuerzas Armadas, deja a su criterio la aplicación de acciones preventivas; no genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, le permite a las fuerzas federales intervenir contra protestas sociales, dejando a su criterio si son o no pacíficas; no supervisa el uso de la fuerza policiaca y militar, determina como confidencial la información sobre medidas de seguridad; no obliga a los gobiernos estatales ni municipales a fortalecer a sus policías civiles, fomenta la intervención militar en tareas de inteligencia civil; no establece un control sobre el actuar de las policías federales ni militares, y con definiciones imprecisas permite que todo quepa en la figura de seguridad interior.
Es decir: militares, policías federales y gobiernos pueden establecer cualquier escenario como uno que requiere el uso de la fuerza contra la población y pueden ceder las acciones de la policía civil a las fuerzas armadas, sin controlar la manera en que tratan a la población.
IGNORAN A LA SOCIEDAD ORGANIZADA
La aprobación de esta ley está plagada de incongruencias, la propuesta es la que hizo el PRI, y a pesar de votarla en contra todos los diputados de Morena, su representante en la Jucopo aprobó que se pasara al pleno, al igual que los representantes del Verde y Nueva Alianza.
La decisión que afectará a 129 millones de personas la tomaron trescientos legisladores sin consultar a las casi cien asociaciones civiles que ofrecieron la opinión de expertos y cientos de estudiosos del tema de la inseguridad para hacer una ley más apegada a las necesidades de los ciudadanos, una que planteara el retorno de la milicia a los cuarteles y la profesionalización de las policías civiles.
Los Diputados Federales ignoraron a los ciudadanos, pero tendrán que enfrentar al menos un recurso de inconstitucionalidad, el que anunció que interpondrá Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
