La presentación de la iniciativa en la comisión de la Cámara de Diputados se realizará con el respaldo de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Será la octava vez que este movimiento feminista integrado por 300 grupos sociales impulse un proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

En 2018 una iniciativa similar fue aprobada por la Cámara de Diputados pero fue rechazada en el Senado -integrado por legisladores más conservadores- que en una votación ajustada en agosto de ese año que echó por tierra el proyecto que había generado multitudinarias marchas a favor y en contra.

Las feministas eligieron el martes para dar el puntapié a la iniciativa porque se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. “Esto representa una nueva oportunidad para que el Estado argentino garantice el ejercicio de los derechos humanos de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar”, dijo Amnistía Internacional.

Esa organización forma parte de la campaña por el aborto e impulsa una acción mundial que ya juntó más de 200.000 firmas en el mundo para que se legalice su práctica en Argentina.

Según activistas, desde la restauración de la democracia en 1983 luego de la última dictadura militar, más de 3.000 mujeres fueron “condenadas a muerte”, por haber abortado de forma insegura.

Macri no aprueba el aborto pero ha dado vía libre a su discusión mientras que Fernández, que antes estaba en contra, cambió su parecer y en 2018 dio su voto a favor. La exmandataria está acompañada en la fórmula electoral por su exjefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien se ha manifestado más a favor de su despenalización que de la realización sin límites de la práctica.

En la actualidad la legislación argentina permite el aborto en casos de violación o peligro para la vida o la salud de la embarazada. No obstante, médicos y hospitales públicos no lo practican en los casos no penados por la ley.

La mujer que interrumpe su embarazo fuera de lo establecido por la ley se arriesga a ser penada con entre uno y cuatro años de prisión.

El proyecto contempla que en ningún caso será penada la gestante que cause su propio aborto o consienta que otro se lo realice.

También establece que toda mujer tiene derecho a acceder a un aborto en los sistemas público y privado de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento.

Además señala que serán castigados con prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un centro de salud o personal médico que dilaten o se nieguen a realizar la práctica.

La pena se elevará de uno a tres años si por esa conducta se daña la salud de la mujer y a cinco años si ésta fallece.

Estos puntos generaron el año pasado fuertes reacciones en contra de la comunidad médica, que exigía la posibilidad de acceder a cláusulas de conciencia.

El Salvador y Nicaragua son los países de Latinoamérica cuyas legislaciones prohíben el aborto en cualquier circunstancia.

despirta guanjuato