Un efecto mariposa se ha creado con la construcción de vialidades en el estado que han permitido la comunicación con todo el país, pues mientras el transito comercial ha permitido el desarrollo del estado, por otra parte lo ha sumergido en la ola de violencia que actualmente aterroriza a la comunidad, pues no resulta casualidad que el tráfico de combustible sea la principal razón por la que se perpetran mayor cantidad de homicidios y es justamente en las vialidades del corredor industrial donde se decomisa la mayor parte de combustible ilícito, donde para variar En el primer trimestre del año ya se han retenido cerca de 2.5 millones de litros de combustible presuntamente robado, lo que representa más del 50% de lo que fue decomisado durante los 12 meses del 2017, así lo refirió Miguel Ángel Simental Rodríguez, comisario de la Policía Federal en Guanajuato quien señalo que durante el año pasado se aseguraron 4.5 millones de litros, por lo que reitero que estos aseguramientos han sido realizados en carreteras federales, particularmente las que atraviesan el llamado Corredor Industrial de Guanajuato, que va desde Celaya hasta León, todo esto mediante el despliegue de inspecciones vehiculares donde respectivamente se les solicita la factura que acredite la legalidad de ese hidrocarburo y en caso de no contar con esa factura, el combustible es decomisado, hasta localizar su acreditación ya que de lo contrario es regresado a Pemex, quienes determinan su destino. Ante lo cual subrayo que Petróleos Mexicanos ha mostrado mayor colaboración al entregar la factura electrónica a los vehículos que salen de la refinería de Salamanca, para así tener mayor control sobre las pipas que trasportan el combustible de manera correcta, cabe destacar que el COMISARIO simental reitero que los protocolos de seguridad para los oficiales han sido reforzados donde se les solicita que la forma táctica y operativa de la revisión de vehículos se despliegue a través de un rigurosos protocolo para evitar los ataques que cobran vidas. Tristemente una situación que al no ser controlada aumenta los homicidios de civiles involucrados en el tráfico de este recurso, y que muchos argumentan y critican en contra de programas del gobierno estatal como “ESCUDO”, donde no han podido frenar los daños a la moral social.

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