El ataque del Estado Mexicano en contra del candidato de la coalición Por México al Frente ya tuvo repercusión en las encuestas.
José Antonio Meade perdió tres puntos porcentuales de intención de voto en dos semanas, los estudios que lo colocaban en tercer lugar con 16.14 por ciento el 18 de febrero, reportaron un 13.51 por ciento el cuatro de marzo, el candidato ciudadano del Partido Revolucionario Institucional está sufriendo las consecuencias de la estrategia tricolor, y el rechazo de la población, manteniéndose en el tercer lugar, pero acercándose más a la aspirante independiente Margarita Zavala que al segundo lugar, Ricardo Anaya, alejándose más de Andrés Manuel López Obrador.
En semanas anteriores se habló de la estrategia de Morena y del PRI, que intentarían deshacerse del candidato del Frente por México al ser el enemigo de ambos en su segundo peldaño, a Obrador esto le favorece, sin embargo para Meade tirar al segundo lugar no le significa tener mayor intención de voto; esto se está reflejando de inmediato en las encuestas.
Y de paso, lo han señalado expertos, se está lastimando a las instituciones que en México padecen la falta de credibilidad de los ciudadanos. Justo este lunes académicos e intelectuales como Héctor Aguilar Camín, Héctor de Mauleón, Jorge Castañeda y José Woldenberg publicaron una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, en la cual aseguran que el uso de la procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición pone a México a la altura de países autoritarios.
Se recuerda en la misiva el caso del 2005 en contra de Andrés Manuel López Obrador, el intento de desafuero que ordenó el PAN desde el gobierno federal, con el cual se abrieron brechas de polarización en la sociedad que aún dividen y lastiman la convivencia social en México.
Este grupo constituido por personajes de filiaciones políticas diversas exigió que las autoridades procedan en consecuencia solamente en caso de que haya pruebas contundentes sobre la responsabilidad de Ricardo Anaya en el caso de lavado de dinero y señalan a Peña Nieto como responsable de las acciones del Ministerio Público, ya que la instancia ha probado su falta de autonomía.

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